Rubén es de los pocos individuos en México con dos certificaciones en la materia, la otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para Actividades Vulnerables (Ley Antilavado) y la otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el sector financiero.
Se ha dedicado desde el año 2015 al estudio, asesoría y cumplimiento de la Ley Antilavado para diversos sectores, tales como: vehículos, inmuebles, desarrollo inmobiliario, intermediación en venta de inmuebles, mutuos o préstamos, obras de arte, servicios profesionales, fe pública (notarios y corredores públicos) y arrendamiento de inmuebles. En el año 2016 atendió la primera visita de verificación que se desarrolló en el Estado de Jalisco en materia de prevención de lavado de dinero y la número 23 histórica a nivel nacional a cargo de la recién creada Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. En el año 2019 obtiene la certificación por disciplinas “PLD” número 32 emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Desde entonces se ha dedicado a la consultoría de cumplimiento de diversos sectores, acumulando a lo largo de su carrera la revisión de más de 5,000 operaciones de actividades vulnerables y el envío de más de 4,000 avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la atención de decenas de visitas de verificación de cumplimiento de la LFPIORPI por parte de autoridades.
En el año 2020 Rubén obtiene, en la primera vez que sustenta el examen, la certificación en materia de prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acreditando los requisitos legales estipulados por la propia comisión para dictaminar anualmente a instituciones del sector financiero, tales como SOFOMs, SOFIPOS, SOCAPs, Uniones de Crédito, Centros Cambiarios, Casas de Bolsa, Fintech, etc. Desde el año 2022 se convierte en Oficial de Cumplimiento de una importante SOFOM que atiende al sector de desarrolladores inmobiliarios, misma que se encuentra en vías de convertirse en Institución de Banca Múltiple.